Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
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Dictadura de Primo de Rivera
La Dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de éste el 28 de enero en 1930, y su sustitución por la llamada Dictablanda del general Dámaso Berenguer.
A pesar de sus esfuerzos de regeneración y el inmenso progreso de la economía y las infrastructuras, la Dictadura fue capaz de estabilizar la situación política durante un largo periodo, pero a finales de la Dictadura se produjo una crisis política que desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II República.
Contenido
- 1 El establecimiento de la dictadura
- 2 El directorio militar
- 3 El directorio civil
- 4 El panorama internacional
- 5 La guerra en África y la satisfacción del Ejército
- 6 La economía como motor del progreso
- 7 Las reformas administrativas y políticas
- 8 La crisis del sistema
- 9 Responsabilidades
- 10 Bibliografía
- 11 Enlaces externos
El establecimiento de la dictadura
El 13 de septiembre de 1923 el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado con el apoyo de la mayoría de las unidades militares. La reunión prevista de las Cortes Generales para fechas inmediatamente posteriores con el objetivo de analizar el problema de Marruecos y el papel del ejército en la contienda, fue el detonante último de la sublevación. A esta situación se une una grave crisis del sistema monárquico que no acaba de encajar en un siglo XX marcado por la revolución industrial acelerada, un papel no reconocido a la burguesía, tensiones nacionalistas y unos partidos políticos tradicionales incapaces de afrontar un régimen democrático pleno.
Previamente, Antonio Maura había desaconsejado al rey la posibilidad tanto de un golpe de estado como del establecimiento de cualquier sistema autoritario. El 14 de septiembre el gobierno legítimo había pedido al rey la destitución inmediata de los generales sublevados, concretamente José Sanjurjo y el propio Primo de Rivera, y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca dejó pasar las horas hasta que finalmente se mostró abiertamente a favor del golpe.
En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de "los profesionales de la política". Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de los terratenientes andaluces, Alfonso XIII no pone mayores obstáculos a nombrar Presidente del Gobierno a Primo de Rivera en su calidad de dictador militar el 15 de septiembre. La dictadura sólo fue contestada por los sindicatos obreros y los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y la represión. Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante, cuya finalidad en sus propias palabras era "poner España en orden" para devolverla después a manos civiles. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se crearon los somatén como milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.
Primo de Rivera ofrecía una imagen campechana y paternalista, al tiempo que mantenía un discurso antisistema muy al día en la época, tildando de corruptos a los políticos y enviando a la población mensajes sencillos que hacían pensar en una fácil solución de los problemas con recetas puramente domésticas al alcance de todos.
El directorio militar
Las primeras decisiones del dictador fueron espectaculares y marcaron un rumbo muy claro para toda la clase política, social y económica de España de cómo se iba a gobernar. A la disolución de las Cortes se unió el día 18 de septiembre un decreto que prohibía el uso de otra lengua que no fuera el español, ni de símbolos como banderas vascas o catalanas. La Mancomunidad de Cataluña fue intervenida con el nombramiento del conservador Alfons Sala y se disolvieron las Diputaciones Provinciales.
Hasta 1925 el gobierno estaba formado por un directorio militar al modo y manera conforme Primo de Rivera consideraba debía regirse "con mano de hierro" el país.
El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba el Real Decreto que establecía un Directorio Militar que asumía todas las funciones del poder ejecutivo. Primo de Rivera se convertía en Jefe de Gobierno y único Ministro. El resto del Directorio estaba compuesto por un general de cada Capitanía General, más el Marqués de Magaz, Antonio Magaz y Pers, (Contralmirante) en representación del conjunto de las Fuerzas Armadas: Adolfo Vallespinosa, Luis Hermosa y Kith, Luis Navarro y Alonso de Celada, Dalmiro Rodríguez y Padre, Antonio Mayandía y Gómez, Francisco Gómez-Jordana y Souza, Francisco Ruiz del Portal y Mario Muslera y Planes.
El directorio civil
El 3 de diciembre de 1925 se restableció el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y se estableció lo que se conoce como directorio civil, con hombres que no provenían del antiguo sistema de partidos, entre los que se encontraban José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda, Galo Ponte y Escartín como ministro de Gracia y Justicia y Eduardo Callejo de la Cuesta como ministro de Instrucción Pública, entre otros. No obstante, la Constitución permaneció suspendida.
El panorama internacional
Los sistemas democráticos se tambaleaban también en Europa. El fascismo se implanta en Italia en 1922, se funda en Alemania el Partido nazi, la revolución rusa queda sometida a la dictadura de Stalin y los regímenes totalitarios alcanzan a Portugal y Polonia. Primo de Rivera se reunirá con Benito Mussolini a quien elogiará diciendo que era "el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política", recogiendo con agrado una parte importante del sistema corporativista que se estaba implantado en Italia y que pretendió importar a España. Sin lugar a dudas, la explosión del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista, muy crítico con los sistemas democráticos débiles acomodados, unido a una rápida extensión en toda Europa de las ideas emergentes de los socialistas con amplio apoyo de las masas populares, influyó decisivamente en la reacción habida en España.
La guerra en África y la satisfacción del Ejército
El ejército español mantenía un pesimismo de décadas sobre su propio papel en la historia reciente de España. Por un lado, el sentimiento de frustración por el desastre del 98 permanecía, y por otro, la guerra en Marruecos estaba marcada por el desastre de Annual y la incomprensión de los ciudadanos. Consciente de la importancia de mantener al ejército satisfecho, la campaña militar en Marruecos se inició con la liberación de Cobba Darsa en julio de 1924 y el día 10 del mismo mes, Primo de Rivera se embarcaba en Algeciras para recorrer durante quince días la costa marroquí. No obstante este hecho, la sublevación en la zona del Rif en agosto dio pie a Primo de Rivera para sustituir a algunos generales e iniciar amplias operaciones militares que liberaron Xauen el 29 de septiembre y permitieron evacuar otras zonas a finales de octubre. Más tarde, Abd el-Krim se enfrentó a España y Francia en Yebala, Tazarut y Beni-Terual, lo que obligó a un acuerdo entre ambos países en julio de 1925 y el inicio de operaciones militares el 5 de septiembre, lo que a la larga le dio el triunfo en la Guerra del Rif con el desembarco de Alhucemas y la rendición de Abd el-Krim en 1927.
La economía como motor del progreso
Una coyuntura internacional favorable permitió al inicio a la dictadura fortalecer el crecimiento industrial. Con tesis autárquicas, se pretendía el autoabastecimiento y, por lo tanto, el impulso antes que nada de los instrumentos de desarrollo interno. Para este fin, era necesaria la intervención decidida del Estado en la economía para suplir el atraso de la inversión privada.
La economía, muy protegida por el Estado y con fijación de precios únicos o máximos, vivió momentos de expansión en todos los órdenes, incluidos la industria pesada y la minería. Sobre estas bases, las regiones ya industrializadas como Cataluña o el País Vasco, vieron un incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos de trabajo. Por vez primera, se pasó de un 57% de mano de obra dedicada a la agricultura, a un 45%, y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Se consolidaba así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico de unas zonas y el estancamiento de otras. Además, el incremento demográfico, unido al proceso anterior, provoca las primeras notables migraciones interiores en la península.
Se reprimió el sindicalismo de la CNT y el PCE recién creado y la dictadura toleró a UGT y al PSOE, siempre reticentes, para poder mantener cierto contacto con los dirigentes obreros. La burguesía catalana también comenzó prestándole su apoyo. La legislación social limitó el trabajo de la mujer, construyó viviendas obreras e instituyó un modelo de formación profesional. Inició igualmente una política de amplias inversiones públicas para mejorar las comunicaciones (carreteras y ferrocarril), regadíos y energía hidráulica.
Las reformas administrativas y políticas
Para la reforma administrativa, Primo de Rivera se apoyó en José Calvo Sotelo que se inspiró en el pensamiento de Antonio Maura. En 1924 la reforma culminó en el Estatuto Municipal aprobado el 8 de marzo y un año más tarde en el Provincial, tratando de ofrecer cierto grado de autonomía local que permitiera el desarrollo de los municipios, si bien mediante un sistema de participación electoral parcialmente corporativo que impedía de nuevo el sufragio universal tal y como era demandado.
Estos primeros éxitos le granjearon gran popularidad. Creó la organización Unión Patriótica como aglutinador de todas las aspiraciones políticas, así como la Organización Corporativa Nacional como sindicato vertical al modelo de la Italia fascista, sustituyendo el 3 de diciembre de 1925 el Directorio Militar por uno civil.
En 1927 se crea una Asamblea Nacional Consultiva, a modo de Parlamento pero sin que asuma el poder legislativo, y mediante un sistema de elección nuevamente corporativo en parte, y de otro lado por nombramiento vitalicio, muy similar al que adoptará el franquismo años después. Este proyecto y la fallida Constitución de 1929 serán los últimos intentos de la dictadura por mantenerse.
La crisis del sistema
En efecto, los primeros apoyos se fueron volviendo en contra. La burguesía catalana vio frustrados sus intentos descentralizadores, con una política aún más centralista que antes, en materia económica, llegó a favorecer los oligopolios, muchos de ellos consolidados en manos del Estado o de grupos cerrados de empresarios vinculados a la dictadura. Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la dura represión sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que, de la mano de Indalecio Prieto, abandonaron el proyecto del dictador.
Por otro lado, los intelectuales que, desde 1898, habían acogido no con malos ojos la posibilidad de un dictador militar, pronto tuvieron que sufrir los efectos del sistema. Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Vicente Blasco Ibáñez o Valle-Inclán entre otros muchos, debieron marchar al exilio o guardar silencio al ser perseguidos con especial dureza. Varios periódicos fueron cerrados, así como las universidades de Madrid y Barcelona.
La economía, muy afectada desde 1927 por un sistema impositivo absolutamente deficitario, se mostró incapaz de asumir la crisis mundial de 1929 al no ser competitiva, no haber seguido el camino de la expansión real y no ficticia y sufrir una importante fuga de capitales. En enero de 1930, Primo de Rivera es obligado por Alfonso XIII a que dimita, por el temor del rey a que el desprestigio de la dictadura afectara a la monarquía.
La monarquía, cómplice de la dictadura, será el objeto en cuestión a partir de la unión de toda la oposición en agosto de 1930 en el llamado Pacto de San Sebastián. Los gobiernos de Dámaso Berenguer, denominado la ‘’dictablanda’’, y de Juan Bautista Aznar-Cabañas, no harán otra cosa que alargar la decadencia. Tras las elecciones municipales de 1931, el 14 de abril se proclama la Segunda República, dando así fin a la restauración borbónica en España.
Responsabilidades
Tras la proclamación de la Segunda República varios altos cargos, algunos en rebeldía, fueron condenados a penas de destierro e inhabilitación en el acto celebrado en el Senado, ante los veintiún diputados de la Comisión de Responsabilidades, constituidos en Tribunal, presidido por el diputado José Franchy y Roca.
Bibliografía
- Aguado, Ana. La modernización de España (1917-1939). Edit. SÍNTESIS. Madrid, 2002. ISBN 8497560140
- Casassas Ymbert, Jordi. La dictadura de primo de Rivera : 1923-1930. Textos. Ideas y Textos; no. 2. Barcelona. Anthropos, Editorial del Hombre. 1983. ISBN 84-8588710-7
- González Calleja, Eduardo. la España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Alianza Editorial. Madrid, 2005. ISBN 8420647241
Enlaces externos
- La economía durante la dictadura de Primo de Rivera
- La Manifestación del Ruido, texto repartido clandestinamente en oposición al régimen el 1930.